En 2023 se cumplieron diez años de la publicación de la Ley General de Víctimas (LGV), una normativa que pretendía reconocer los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos en México para brindarles atención y reparación integral. A partir de ella, y para articular el cumplimiento de dicho cometido, se creó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

 

En este contexto, Causa en Común realizó una investigación con el objetivo de analizar el surgimiento, trayectoria y funcionamiento del SNAV a una década de su creación, visibilizar las tensiones y problemáticas del mismo y entender el estado actual de la atención a víctimas, así como aportar recomendaciones para su mejora.

Entre los principales hallazgos de la investigación, se encuentran:

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1. Falta de definiciones claras:

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• Se carece de una definición operativa de “víctima” en el glosario de la LGV, lo que contribuye a la falta de resultados del SNAV. Al tratarse de una definición amplia y poco clara, el universo potencial de víctimas atendibles por la CEAV resulta impreciso y, en términos prácticos inabarcable.

• La falta de homologación en los criterios de registro e identificación de las necesidades de las víctimas, ha permitido que los recursos de atención, ayuda y reparación se ofrezcan de manera discrecional y descoordinada.

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2. Falta de compromiso político y coordinación institucional:

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• Existe una ausencia de voluntad política para hacer funcionar al Sistema. En este sexenio, el presidente López Obrador nunca ha convocado al Pleno del SNAV para la revisión, el diseño y aplicación del Plan Anual Integral de Atención a Víctimas. Además, ni el Programa de Atención a Víctimas ni el Reglamento de la Ley han sido actualizados, careciendo así de una estrategia clara.

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• A una década de promulgada la Ley, dos entidades federativas aún no han instalado una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas: Oaxaca y Campeche. A su vez, tres estados no han homologado sus legislaciones locales con la última reforma a la LGV en 2017: Campeche, Tlaxcala y Zacatecas.

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• Sin un SNAV funcional, la CEAV se ha visto limitada a fungir como una unidad aislada de atención directa a víctimas, que depende de convenios temporales con otras instituciones. Hasta 2022, la CEAV ha firmado 102 convenios con otras instituciones del Estado mexicano, de los cuales sólo 69 continúan vigentes. Además, carece de convenios con instancias cruciales para alcanzar la reparación integral, como la Secretaría de Salud, la de Bienestar, el Instituto Nacional de Migración o el Registro Civil.

 

3. Recursos decrecientes:

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• En este sexenio, se han desaparecido recursos claves para la atención a víctimas. El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) se redujo de 500 millones en 2018 a 430 millones en 2019, para finalmente ser eliminado en 2020

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• Los recursos humanos de la CEAV también se han visto estancados. Su servicio de asesoría jurídica para la atención a víctimas, se encuentra sobrecargado. De acuerdo con la Ley, la CEAV debería de contar con, por lo menos, 274 asesores jurídicos. Sin embargo, de 2018 al presente año, el número de asesores disponibles se mantenido limitado a 123.

 

4. La CEAV colapsada:

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• Debido a la insuficiencia presupuestal y de recursos humanos, el registro de víctimas al Registro Nacional de Atención a Víctimas (RENAVI) se ha visto fuertemente afectado, impidiendo acceder a los recursos de atención, ayuda y reparación disponibles. Desde 2019, el número de víctimas dadas de alta en el RENAVI registra un notorio descenso. Si en 2019 se registraron y se brindó atención a 10,831 víctimas, en 2022 tan sólo 6,888 alcanzaron a incorporarse al registro, representando una disminución del 36%.

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• Los apoyos brindados por la CEAV son insuficientes para garantizar por sí solos la reparación integral a las víctimas. En 2022 la CEAV otorgó 13,034 medidas de ayuda y reparación. Tan sólo 20 fueron apoyos orientados a la reparación por violaciones a los derechos humanos. La inmensa mayoría de los apoyos, que si bien pueden ser útiles y valiosos para las víctimas que los reciben, se dirigen únicamente a solventar sus necesidades más inmediatas, siendo los apoyos para traslado (36%), alimentación (33%) y alojamiento (30%) los que concentran prácticamente la totalidad de los recursos otorgados

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• La CEAV acumula desde 2013 hasta marzo de 2023 un total de 405 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de las cuales 302 han sido calificadas como hechos violatorios a los derechos humanos. El incremento es notorio a partir del presente sexenio. Si entre 2013 y 2018 la CNDH recibió 64 quejas, en los primeros cuatro años de la actual administración federal ha recibido 204. Tan sólo en 2022, 60 quejas contra la CEAV fueron presentadas ante la CNDH.

 

PROPUESTAS:

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• Crear definiciones adecuadas dentro del glosario de la Ley General de Víctimas (LGV), para diferenciar entre víctimas de delitos en general, víctimas de delitos de alto impacto y víctimas de violaciones a derechos humanos, a fin de acotar el universo de responsabilidad del SNAV y los casos violatorios a los derechos de las víctimas atendibles por la CEAV y las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas.

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• Definir en la LGV un sistema de responsabilidades y sanciones con el que se pueda garantizar el compromiso y la participación efectiva de las instituciones federales y locales para el correcto funcionamiento del SNAV. Esto permitirá dejar de sobrecargar a la CEAV como la única instancia dedicada a la atención y la reparación integral de las víctimas, así como facilitar sus funciones de coordinación y revisión de la política nacional de víctimas.

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• Facilitar la inscripción al RENAVI mediante la actualización del reglamento de la LGV, y contar una versión pública de este que permita fiscalizar el trabajo de la CEAV y de las Comisiones Estatales a fin de brindar certeza a los usuarios.

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• Revisar la legislación vigente con miras a evitar cualquier duplicidad en las funciones de la CEAV y las que realizan otras instituciones de atención a víctimas, como la CNDH, las Fiscalías y las secretarías de seguridad.

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• Relanzar el SNAV como instancia de coordinación de la estrategia de víctimas, dotando a la CEAV de plena autonomía y capacidad para convocar a su Pleno.

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• Dotar de herramientas a la CEAV para que pueda promover mecanismos de reparación colectiva y simbólica, que involucren garantías de no repetición y que contemplen mecanismos de demostración pública del compromiso de las autoridades con los derechos de las víctimas.

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• Dotar a la CEAV y a las Comisiones Estatales de presupuestos multianuales que proporcionen certeza a la atención a víctimas. Esto incluye recuperar el FAARI como un mecanismo para que los recursos de ayuda, asistencia y reparación sean estables, así como dotar de una expansión al presupuesto administrativo para dar una atención adecuada a las víctimas.

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• Debido a que la reparación integral debe incluir verdad, justicia y garantías de no repetición hacia las víctimas, iniciar un proceso amplio de justicia transicional en el que participen todas las instancias del Estado mexicano.

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• La aplicación de mecanismos contra la impunidad con ayuda de la Organización de las Naciones Unidas para la investigación de delitos y violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido a gran escala.

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• La instalación de una gran Comisión de la Verdad, que tome como modelo las mejores enseñanzas de la experiencia internacional sobre el tema.