En Causa en Común reconocemos que el arraigo crónico de las violencias que asolan al país es, en buena medida, consecuencia del abandono de las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia en los tres ámbitos de gobierno. El reto ante nosotros requiere de una profunda revisión y reconstrucción del orden institucional sobre el que descansan estas tareas. En ese sentido, toda política pública orientada a la disminución de las violencias, debe implementarse sobre la base de instituciones sólidas, homologadas en cuanto a sus capacidades técnicas, con suficiente solvencia operativa para atender y adaptarse a las diversas necesidades estructurales, los contextos sociales, económicos y políticos existentes en el país, y en permanente observancia de los derechos humanos.

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Como un espacio y un mecanismo para contribuir a la superación de la polarización política exacerbada durante el actual sexenio, se propone la articulación y ratificación de un Pacto Nacional por la Seguridad y la Justicia que incluya no sólo a las autoridades públicas, sino también la participación de organismos autónomos, medios de comunicación, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las sindicales, empresariales y religiosas. Proponemos que dicho Pacto se parta de las siguientes premisas:

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• La política de seguridad y procuración de justicia debe ser una política de Estado, que trascienda calendarios políticos y que convoque y vincule a autoridades y ciudadanía.

• Los participantes del Pacto deben subordinar sus intereses particulares a la urgente necesidad de fortalecer las capacidades de seguridad del Estado mexicano.

• A los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno les corresponderá cumplir la vigilancia y ejecución de las estrategias emanadas del Pacto.

• Todo compromiso y acción emanados del Pacto deberán incluir mecanismos de rendición de cuentas y habrán de conducirse sobre indicadores de seguimiento y evaluación.

Como sustento del Pacto, se proponen las instituciones y los mecanismos definidos por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras indispensables en términos de procuración de justicia y atención a víctimas. Las propuestas que a continuación se explican están organizadas en dos ejes: I) Reconstrucción institucional, y II) Políticas públicas. Cada eje se divide en apartados e incisos, para dar cuenta de las instituciones y de los temas clave sobre los cuales encaminar los esfuerzos en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia. No por obvio, puede dejar de subrayarse que todas las propuestas están sujetas al incremento sustancial de recursos presupuestales que garanticen su viabilidad.

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I. Reconstrucción Institucional

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Las propuestas contenidas en este eje apuntan a tres objetivos prioritarios: 

• Retomar al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en tanto red institucional con perspectiva de Estado, para la definición de las estrategias nacionales en materia de seguridad y procuración de justicia, así como para la definición y distribución de competencias y responsabilidades entre los tres ámbitos de gobierno.

• Incorporar al Poder Judicial como un aliado promotor del desarrollo y el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia nacional, manteniendo en todo momento el respeto a su autonomía y atendiendo a sus necesidades presupuestales.

• Desarrollar una estrategia nacional para la atención y reparación a víctimas, fortaleciendo a las instituciones encargadas de dicha tarea.

Las propuestas se detallan en los siguientes apartados, cada uno concerniente a los tres objetivos anteriormente descritos: 1) SNSP, 2) Poder Judicial, y 3) Instituciones para la atención a víctimas.  A su vez, los apartados se subdividen en incisos referentes a las instituciones de seguridad y de justicia que habrán de conducir las iniciativas a continuación detalladas.

 

 

1. Sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP):

 

 

 

a) Con respecto al Secretariado Ejecutivo (SE) y el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CN):

 

 

• Que el CN promueva una reforma constitucional y leyes complementarias para definir seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, delimitando las responsabilidades y distribuyendo las competencias de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las corporaciones policiales.

• Que tanto el SE como el CN cumplan con sus responsabilidades de revisión, diseño y seguimiento de las estrategias nacionales para el desarrollo de policías, fiscalías y del sistema penitenciario. Dichas estrategias deben determinar de manera clara la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno.

• Que el CN se encargue de promover la coordinación y colaboración entre el SE y las diversas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del país, incluyendo corporaciones policiales, fiscalías, autoridades judiciales, centros penitenciarios, Fuerzas Armadas e instituciones de atención a víctimas.

• Que el SE determine y promueva ante el CN los incrementos presupuestales necesarios para fortalecer sus sistemas de información y tecnología para la recopilación, análisis y difusión de datos sobre delincuencia y seguridad pública.

• Que el SE diseñe un modelo general de indicadores para la evaluación del desempeño de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia.

• Que el SE defina y promueva la aplicación de criterios homologados para la recopilación, sistematización y manejo de la información estadística por parte de las corporaciones policiales, fiscalías, autoridades judiciales, centros penitenciarios, Fuerzas Armadas e instituciones de atención a víctimas.

• Que el SE lleve a cabo auditorías de los registros estatales de incidencia delictiva, con énfasis en aquellos que muestren anomalías y evidencias de posibles manipulaciones.

• Que el SE defina programas de capacitación para los servidores públicos encargados de generar información estadística sobre incidencia delictiva. Esto permitirá contar con mecanismos institucionales de seguimiento, supervisión, detección y sanción para aquellos funcionarios que proporcionen información estadística incompleta, manipulada o falsa, y vincularlos con ejercicios de rendición de cuentas.

• Que el SE defina los mecanismos de seguimiento y los parámetros de cumplimiento de los acuerdos del CN y de las diferentes Conferencias del SNSP, de manera que se garantice que éstos sean pertinentes, viables y medibles, así como a los actores responsables de su cumplimiento en los ámbitos federal, estatal y municipal.

• Que tanto el SE como la CN estén facultados para definir y aplicar sanciones administrativas y presupuestales a las distintas autoridades que componen el SNSP por incumplimiento de los acuerdos.

• Que el SE asegure el correcto uso de los recursos por parte de las instituciones de seguridad, impartición de justicia y sistema penitenciario, a través de un sistema transparente de auditoría.

 

 

b) Con respecto a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública:

 

 

 

• Que la Conferencia promueva reformas legales para estipular de manera clara la distribución de competencias y responsabilidades de las corporaciones policiales en los tres ámbitos de gobierno.

• Definir una estrategia nacional para el desarrollo y homologación de las capacidades técnicas de los corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno, que contemple el fortalecimiento de los mecanismos de selección, reclutamiento, capacitación, sistema de carrera, régimen disciplinario, esquemas salariales y de prestaciones, equipamiento e infraestructura.

 

• Crear un Servicio Nacional de Policía, responsable de la formación inicial y profesionalización de las corporaciones policiales en los tres ámbitos de gobierno.

• Definir en la Ley General del SNSP los derechos laborales y de seguridad social de los miembros de las corporaciones policiales, impulsando un programa nacional para la mejora y homologación de sus condiciones de trabajo.

• Realizar un censo nacional de policías para definir el estado de fuerza que requiere cada entidad acorde con su geografía y problemática delictiva.

• Dar seguimiento y rendir informes regulares sobre el estado de implementación del Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones Policiales y de todos los aspectos relacionados con el desarrollo policial ya mencionados.

• Mantener la aplicación de los componentes del Certificado Único Policial referentes al control de confianza, y generar condiciones para que los demás aspectos que componen el certificado (evaluaciones de competencias y de desempeño) dejen de ser una simulación y formen parte de una estrategia de evaluación integral y efectiva.

• Fortalecer las oficinas de Asuntos Internos de las policías y promover mecanismos de supervisión externa a cargo de organizaciones sociales y ciudadanos.

• Restablecer a la Coordinación Nacional Antisecuestro como una instancia enfocada a la supervisión y promoción del desarrollo institucional y la homologación de las capacidades técnicas y humanas de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro.

• Que la Conferencia sea el órgano impulsor de las reformas necesarias para que las corporaciones policiales cuenten con mecanismos transparentes y multianuales de financiamiento, así como con calendarizaciones que trasciendan periodos políticos y electorales.

• Impulsar el incremento de recursos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), destinado a las entidades federativas, y recuperar los fondos del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG), destinado a municipios.

• Ampliar los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTAMUN) y garantizar que el 20% de los recursos se destinen a la seguridad pública. A su vez, promover cambios a las legislaciones locales para que un porcentaje del impuesto predial sea destinado a seguridad.

 

 

c) Con respecto a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

 

 

• Que la Conferencia promueva la consolidación de fiscalías autónomas, a través de reformas legales que permitan acotar la participación de los poderes ejecutivos en la designación y remoción de sus titulares, y estableciendo presupuestos transexenales.

• Definir una estrategia nacional para el desarrollo profesional y la homologación de las capacidades técnicas de los ministerios públicos y responsables de los servicios periciales, que contemple el fortalecimiento de los mecanismos de selección, reclutamiento, sistema de carrera, y esquemas salariales y de prestaciones.

• Replantear el sistema de evaluaciones de desempeño del personal de las fiscalías para que, en lugar de basarse en métricas administrativas, lo hagan con base en la resolución de delitos y la reducción de la impunidad.

• Crear Unidades de Análisis Criminal en cada entidad federativa, para el estudio de las tendencias delictivas locales y la definición de planes de persecución penal con los que definir las prioridades de investigación.

• Promover en los ministerios públicos el uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, a efecto de otorgar criterios de oportunidad, realizar procedimientos abreviados y celebrar acuerdos reparatorios con las víctimas, reduciendo así cargas de trabajo, y contribuyendo a la pronta resolución de los casos y a reducir la sobrepoblación penitenciaria.

• Fortalecer las unidades y los protocolos de protección y atención jurídica, médica y psicológica a víctimas directas e indirectas, testigos y denunciantes de delitos.

• Crear Consejos Ciudadanos en la Fiscalía General de la República y en las fiscalías estatales, con criterios que fortalezcan su independencia.

• Impulsar el fortalecimiento de los juzgados cívicos abarcando temas de autonomía, presupuesto, desarrollo profesional e infraestructura.

 

d) Con respecto a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:

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• Establecer lineamientos para un desarrollo penitenciario homologado a nivel nacional, considerando los estudios y protocolos elaborados durante los últimos años, y mediante mecanismos transparentes de financiamiento y calendarizaciones que trasciendan períodos electorales.

• Definir criterios homologados para la clasificación de la población privada de su libertad de acuerdo con sus niveles de peligrosidad.

• Definir protocolos para la separación y el traslado de la población sentenciada, que permitan garantizar su seguridad y la correcta evolución de sus procesos judiciales.

• Definir criterios técnicos que orienten el desarrollo y el aumento de la capacidad instalada del sistema penitenciario para garantizar la separación de la población sentenciada de las personas en situación de prisión preventiva y de las personas reincidentes. En línea con lo anterior, restablecer los penales federales clausurados durante el último sexenio.

• Revisar y promover reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal y a las leyes penitenciarias estatales para homologar los regímenes de planeación, organización y funcionamiento de las autoridades penitenciarias en el país.

• Crear Comisiones para la Reinserción Social de las que emanen planes y programas de seguimiento y atención de las personas liberadas. Estos planes podrán ser compartidos, estudiados y replicados a través de la Conferencia.

 

1. Sobre el Poder Judicial:

 

• Crear un Tribunal Superior Federal que releve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de sus labores jurisdiccionales, conservando únicamente su carácter de Tribunal Constitucional. Con ello, disminuiría la carga de trabajo de la SCJN y se agilizarían los procesos judiciales de los tribunales colegiados y juzgados de distrito, que ya no esperarían los pronunciamientos del máximo tribunal a efecto de continuar con sus procedimientos.

• Reformar el proceso de selección de los ministros de la SCJN, para eliminar la facultad del presidente de mandar una nueva terna en caso de no obtener la aprobación de las dos terceras partes del Senado. En caso de que este escenario ocurra, el pleno de la SCJN podrá elegir por mayoría simple a un ministro interino de entre los magistrados de circuito.

• Promover una reforma constitucional a efecto de relevar al presidente de la SCJN de sus funciones como presidente del Consejo de la Judicatura Federal. La separación de funciones directivas permitirá acotar la concentración de poder y eficientar el desempeño y la profesionalización en ambos cargos.

• Llevar a cabo auditorías que permitan dimensionar el déficit de juzgados en el país, y determinar los recursos técnicos, humanos y presupuestales necesarios para el fortalecimiento a corto, mediano y largo plazo del Poder Judicial.

• Impulsar el uso de nuevas tecnologías para reducir los costos de la impartición de justicia, que además faciliten la presentación de trámites y procesos judiciales, demandas, querellas y denuncias contra autoridades jurisdiccionales.

• Promover reformas que contemplen el aumento en el número de consejeros para la instauración de salas especializadas en las tres funciones principales del Consejo de la Judicatura Federal: Sala Administrativa, Sala de Carrera Judicial y Sala Jurisdiccional. 

• Promover reformas constitucionales encaminadas a la implementación de la colegiación y certificación obligatoria mediante examen de especialidad, a efecto de cumplir los principios del ejercicio de la profesión judicial, como el secreto profesional, el conflicto de intereses y el respeto a los órganos de impartición de justicia.

• Fortalecer los sistemas de denuncia contra las autoridades jurisdiccionales por incumplimiento de sus obligaciones, así como el mecanismo de rendición de cuentas de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación para dar un mejor seguimiento a las quejas, resoluciones y sanciones impuestas.

• Promover evaluaciones al control de las audiencias con miras a detectar, sancionar y evitar retrasos o dilaciones que afecten la prontitud y la certidumbre del proceso judicial.

1. Sobre las instituciones de atención a víctimas:

 

 

a) Con respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV):

 

 

• Con miras a recuperar la autonomía técnica y la legitimidad de la dirección de la CNDH, reformar el mecanismo de selección de su titular promoviendo ejercicios de gobierno abierto en el Senado, en los que organizaciones sociales y organismos públicos defensores de derechos humanos participen en la definición de la terna de candidatos.

• Reglamentar de manera clara en la Ley de la CNDH las causas y los mecanismos de sanción y eventual remoción del titular de la Comisión, incluyendo la aplicación de sanciones administrativas que no dependan de la voluntad política de las agrupaciones políticas en el Poder Legislativo.

• Dotar a la CNDH de facultades legales suficientes para emitir resoluciones vinculantes, que garanticen protección y acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la posibilidad de emitir sanciones en contra de las instituciones, agentes del Estado y particulares que encuentre responsables.

• Crear definiciones adecuadas, dentro del glosario de la Ley General de Víctimas (LGV), para diferenciar entre víctimas de delitos en general, víctimas de delitos de alto impacto y víctimas de violaciones a derechos humanos, a fin de acotar el universo de responsabilidad del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y los casos violatorios a los derechos de las víctimas atendibles por la CEAV y las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas.

• Definir en la LGV un sistema de responsabilidades y sanciones con el que se pueda garantizar el compromiso y la participación efectiva de las instituciones federales y locales para el correcto funcionamiento del SNAV; esto con el fin de no sobrecargar a la CEAV como la única instancia dedicada a la atención y la reparación integral de las víctimas, así como facilitar sus funciones de coordinación y revisión de la política nacional de víctimas. 

• Facilitar el proceso de inclusión en el Registro Nacional de Atención a Víctimas (RENAVI) mediante la actualización del reglamento de la LGV, y contar con una versión pública que permita fiscalizar el trabajo de la CEAV y de las Comisiones Estatales.

• Revisar la legislación vigente con miras a evitar cualquier duplicidad en las funciones de la CEAV y las que realizan otras instituciones de atención a víctimas, como la CNDH, las fiscalías y las secretarías de seguridad.

• Dotar de herramientas a los organismos encargados de la atención a víctimas, como lo son la CEAV y la CNDH, para que puedan promover mecanismos de reparación colectiva y simbólica, que involucren garantías de no repetición y que contemplen mecanismos de demostración pública del compromiso de las autoridades con los derechos de las víctimas.

• Dotar a la CNDH, a la CEAV y a las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas de presupuestos multianuales que proporcionen certeza a la atención a víctimas. Esto incluye recuperar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) como un mecanismo para que los recursos de ayuda, asistencia y reparación sean estables, así como dotar de una expansión al presupuesto administrativo para dar una atención adecuada a las víctimas.

• Incrementar los recursos humanos, materiales y económicos destinados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

 

 

b) Con respecto a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB):

 

 

• Dotar a la CNB de presupuestos multianuales que le permitan cumplir con los objetivos marcados en el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones.

• Restablecer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, rasurado por el gobierno federal.  En el mismo sentido, reformar el glosario de la Ley General en Materia de Desaparición para establecer definiciones que permitan llevar un registro más minucioso. 

• Reglamentar en la Ley General las sanciones administrativas y penales por  incumplimiento de responsabilidades.

• Incrementar los recursos humanos y presupuestales para los servicios forenses de todo el país, y para la ampliación de la red de centros de resguardo temporal de restos humanos.

• Promover e institucionalizar mecanismos de colaboración entre colectivos de búsqueda y autoridades, con miras a desarrollar mejores capacidades de búsqueda en campo, de identificación forense y para la judicialización de casos.

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II. Políticas Públicas

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1. En cuanto a la militarización en curso:

   • Detener y revertir el proceso de militarización en seguridad pública requiere de la construcción de capacidades institucionales civiles, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este sentido, acatando el mandato constitucional, debe diseñarse y construirse, una  corporación policial federal de carácter plenamente civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

   • Diseñar con las Fuerzas Armadas un plan de repliegue inmediato de los elementos militares a sus funciones constitucionales. En los casos en que su apoyo en seguridad resulte indispensable se debe cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que dicha participación sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. 

   • Reorientar el presupuesto de las Fuerzas Armadas hacia el cumplimiento de sus tareas primordiales de defensa nacional y a su modernización.

    

2. En cuanto al combate al crimen organizado:

   • A partir de reformas legales, otorgar a las policías y fiscalías estatales facultades de investigación y persecución en materia de crimen organizado, de manera que contribuyan al desmantelamiento de organizaciones locales. 

   • Con base en labores de inteligencia de las corporaciones civiles, emprender la desarticulación de las organizaciones criminales definidas por el gobierno federal como objetivos prioritarios, en coordinación con los cuerpos de policía locales, y en estrecha colaboración con el gobierno de los Estados Unidos.

   • Fortalecer las capacidades institucionales y la autonomía técnica de la Unidad de Inteligencia Financiera.

   • Fortalecer la infraestructura y la tecnología para la vigilancia en aduanas, puertos y cruces fronterizos. 

   • Priorizar el decomiso y destrucción de armas ilegales y sistematizar la revisión de los inventarios de las corporaciones de seguridad.

   • Sobre la base de los mecanismos previstos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, armonizar los esfuerzos de desarrollo institucional y de operación de policías, fiscalías, sistema judicial y penales de todo el país.

   • Procurar fondos nacionales e internacionales para reducir la vulnerabilidad de las comunidades en zonas de alto riesgo.

   • Promover un diálogo nacional a fin de reglamentar el artículo 29 constitucional, y que la declaratoria de estados de excepción para algunas regiones del país pueda ser una opción legal y políticamente viable. Esta reglamentación deberá incorporar, para las Fuerzas Armadas, los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que su actuación debe ser en todo momento extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

    

3. En cuanto al sistema penal:

   • Delinear y ejecutar un plan integral para la recuperación del control sobre los penales que reportan autogobierno, incluyendo:

   • Operativos policiales con base en labores de inteligencia, enfocados a desarticular organizaciones criminales.

   • Tecnología para incrementar el control interno, incluyendo equipos para el bloqueo de señales de radiocomunicación.

   • Revertir la última reforma a la Ley Nacional de Amnistía, que otorga al presidente la facultad sin límites de otorgar el beneficio. En cambio, dotar de mayores recursos a la Comisión de Amnistía y aumentar los alcances del mecanismo para garantizar el acceso de poblaciones vulnerables. 

   • Reducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por tratarse de una medida en principio contraria a los derechos humanos, a la presunción de inocencia y a esquemas eficientes de investigación. Asimismo, definir mecanismos y procedimientos para que, en cada caso, las fiscalías y juzgados de control fundamenten de manera clara y expedita la procedencia de la prisión preventiva.

   • Impulsar campañas de salud en los penales que permitan:

   • Prevenir y erradicar enfermedades infecciosas y de transmisión sexual.

   • Rehabilitar y ofrecer tratamientos para personas con problemas de adicciones.

   • Habilitar unidades psiquiátricas.

   • Contemplar mecanismos expeditos para flexibilizar las condenas de personas con enfermedades terminales.

   • Aplicar programas enfocados en la reinserción social, incluyendo espacios físicos, equipos técnicos, insumos y herramientas necesarias para habilitar talleres y escuelas penitenciarias, así como acuerdos con instituciones de educación pública y privada.

   • Agilizar trámites para que las personas liberadas obtengan rápidamente documentos de identificación oficial.

    

4. En cuanto a drogas:

   • Eliminar el delito de posesión simple y aumentar las dosis máximas permitidas para el consumo personal.

   • Impulsar mecanismos de amnistía a nivel estatal y federal, que permitan la pronta liberación de las personas encarceladas por los delitos de posesión simple y narcomenudeo.

   • Impulsar, en colaboración con la sociedad civil y el sector privado, campañas sobre el consumo responsable y programas para el tratamiento integral de la farmacodependencia.

   • Desmilitarizar el combate al tráfico de drogas y redirigir los recursos del Ejército y de las policías a la persecución de otras modalidades de delincuencia organizada más urgentes y predatorias, como la extorsión.

    

5. En cuanto a migración:

   • Negociar un acuerdo migratorio con el gobierno de Estados Unidos y principales países expulsores, que contemple la contención de flujos migratorios y repatriaciones seguras y ordenadas, siempre con respeto a los derechos humanos. 

   • Invertir en controles fronterizos que contribuyan a facilitar flujos comerciales y desalentar tráficos ilegales de drogas, armas y personas. 

   • Revertir la militarización del Instituto Nacional de Migración y emprender su reconstrucción en tanto corporación civil auxiliar de una política migratoria enfocada a salvaguardar los derechos humanos de los migrantes y a la atención de víctimas.

   • Establecer un sistema nacional de protección humanitaria para migrantes que integre a las estaciones migratorias y a los albergues no gubernamentales, para la implementación de campañas permanentes de salud y asesoramiento legal, incluyendo protocolos específicos de auxilio para menores que viajan sin compañía, mujeres embarazadas y otros grupos vulnerables.

   • Ampliar el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para incrementar sus recursos de asistencia legal, médica y psicológica, y ampliar su alcance territorial.

   • Dar la mayor prioridad a la vinculación institucional con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para la identificación de casos que ameriten protección internacional.

    

6. En cuanto a prevención:

   • Impulsar una estrategia nacional para incrementar la denuncia ciudadana mediante diferentes modalidades, incluyendo mesas de trabajo vecinales y vías digitales.

   • Recuperar fondos federales para financiar políticas de prevención situacional  y recuperación de espacios públicos, siempre en atención a las diferentes necesidades locales de seguridad.

   • Promover la creación de programas y mecanismos de colaboración entre instituciones y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención de víctimas directas e indirectas, para la construcción de una infraestructura de apoyo para huérfanos, viudas y comunidades afectadas por las violencias.

   • Desarrollar una estrategia de salud pública que atienda las causas y secuelas psicológicas y médicas ocasionadas por la constante exposición a hechos de violencia extrema que padecen diferentes comunidades en el país.

   • Promover programas para la detección temprana de factores generadores de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, así como programas de apoyo psicológico en escuelas y comunidades.

   • Promover, en acompañamiento con la sociedad civil, programas y medidas para enfrentar las violencias en contra de las mujeres, incluyendo unidades especializadas en protocolos de género para la investigación y judicialización de casos de mujeres víctimas.

    

7. En cuanto a pacificación:

   • Diseñar e implementar una estrategia integral y a largo plazo en favor del desarrollo de los municipios más afectados por la violencia, incluyendo  programas de inversión pública, incentivos fiscales y apoyos a emprendedores locales. Los indicadores para determinar los municipios podrían ser elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

   • Establecer, en colaboración con los gobiernos locales, programas de desarme que ofrezcan incentivos a la población, como la no ejecución de medidas penales, recompensas económicas, y acceso a distintos programas de apoyo.

   • Impulsar programas y campañas masivas y permanentes enfocadas en promover y sensibilizar sobre el respeto a la legalidad, la importancia y el funcionamiento de la justicia cívica, y sobre los derechos humanos y la igualdad de género. 

   • Iniciar un proceso nacional de justicia transicional para el esclarecimiento de casos emblemáticos y para identificar las causas sistémicas detrás de la comisión de violaciones a los derechos humanos.